El plan de incorporación de los trabajadores a las dependencias municipales y el plan especial de empleo de Diputación centran el encuentro

Este mediodía se ha celebrado la habitual junta de portavoces municipales desde el inicio del estado de alarma, la sexta en este caso, en la que el gobierno local ha compartido con los distintos grupos toda la información de las gestiones que viene realizando en relación con las medidas adoptadas ante la actual situación, que también se les facilita semanalmente de manera telemática. Los grupos, por su parte, han planteado algunas propuestas.

Uno de los asuntos abordados ha sido el plan de contingencia municipal elaborado por la empresa de prevención de riesgo laborales junto con la Unidad de Personal para la paulatina incorporación de los trabajadores municipales a las dependencias. A partir de la próxima semana se incorporará el treinta por ciento de la plantilla con las debidas garantías de seguridad. No obstante, la atención al público se seguirá haciendo de manera telemática y telefónica, como hasta ahora, y solo habrá atención presencial en determinados casos que indiquen los técnicos.

El otro asunto abordado es la concesión por parte de la Diputación de Cádiz de 761.000 euros para un Plan Especial de Empleo y un plan Invierte social. El primer plan, con 588.000 euros, permitirá la contratación de todo tipo de perfiles laborales, lo que amplía el campo de contrataciones. Este plan se sumará al plan de 800.000 euros que pondrá en marcha el Ayuntamiento con fondos propios en las próximas semanas. Por otra parte, con el plan ‘Invierte social post-Covid-19’, para el que se destinará 161.000 euros del total, se podrán financiar gastos para la gestión de servicios sociales y sufragar gastos corrientes tales como gastos de personal, contratos de servicios y ayudas a familias para alquiler, alimentos, etcétera.

También se ha abordado que, de cara a la Fase 2, se elabore una guía de buenas prácticas para la hostelería, tanto para los usuarios como para los hosteleros.

Asimismo, los portavoces han decidido, ahora que el uso de la mascarilla es obligatorio, trasladar a la Junta de Andalucía las ponga a disposición de las familias vulnerables, grupos de riesgo y pensionistas a través de la tarjeta sanitaria, una vez que el Estado ya las reparte en el transporte público y el Ayuntamiento y la Diputación la vienen repartiendo en la localidad.

Los portavoces han acordado también solicitar al Estado que lleve a cabo la modificación de la disposición adicional 6ª de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que los ayuntamientos puedan utilizar el superávit para afrontar los nuevos gastos relacionados con la covid-19, así como que se adopten medidas para flexibilizar la regla del gasto.

Sanlúcar de Barrameda, viernes 22 de mayo de 2020