Presupuestos Generales del Estado contra las remunicipalizaciones de los servicios públicos

Ante los Presupuestos Generales del Estado de Montoro, Por Sanlúcar Sí Se Puede instó al Pleno a aprobar una moción para que el ayuntamiento de Sanlúcar se posicione en contra de la disposición incluida en los PGE que dispara contra una de las funciones básicas de los ayuntamientos que no es otra que garantizar la igualdad en el acceso a los servicios básicos y derechos inalienables de la ciudadanía.

La propuesta, que se ha presentado en toda España a instancias de Podemos, solicita que se elimine el texto íntegro de la Disposición Adicional Vigésima Séptima del borrador de los Presupuestos Generales del Estado 2017 que pone trabas a los procesos de remunicipalización de los servicios públicos que están afrontando o quieren afrontar distintos ayuntamientos, además atenta contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras de las empresas municipales.

La tasa de reposición es la limitación que tienen los ayuntamientos para contratar personal. Esta limitación viene impuesta desde hace casi diez años, desde el inicio de la crisis, y marca un número concreto y exacto de personal que pueden contratar las Administraciones. La entrada en vigor de la Disposición Adicional Vigésima Séptima implicaría que casi ningún proceso de remunicipalización de cierta envergadura, con un volumen de trabajadores y trabajadoras considerable, se pudiera dar. Con esta medida, se utiliza la limitación de contratación de personal para impedir que los servicios se remunicipalicen o pasen a gestión directa. Es obvio que si no hay suficiente personal para prestar el servicio y tampoco financiación para poder contratarlo el servicio se terminará extinguiendo o será obligatorio cederlo a empresas privadas que lo gestionen. Lo que el Gobierno disfraza de medida en materia de personal es una intromisión inconstitucional en la autonomía local, robando a los ayuntamientos la capacidad de elegir el modo de gestión de los servicios públicos de entre los distintos modos de gestión legalmente posibles.

Las políticas de austeridad, de ahogo fiscal y financiero y de control presupuestario puestas en marcha en los últimos años han determinado un creciente aumento de la brecha social, de la desigualdad y de la exclusión social, y más en nuestra comunidad, que es entre las CCAA donde más dramáticamente se viven estos fenómenos. Consideramos que sólo a través de un verdadero reforzamiento del ejercicio de los servicios públicos por parte de las administraciones territoriales, en particular los ayuntamientos, es posible reducir los elementos de desigualdad tan presentes en nuestro territorio.

La moción de Por Sanlúcar Sí Se Puede, aprobada por el Pleno, implica que el ayuntamiento debe proceder a instar al gobierno central a que elimine la disposición adicional del borrador de los PGE además de eliminar la tasa de reposición que limita la contratación pública. Los ayuntamientos no son sólo gestores de la miseria a repartir sino que además deben actuar solidariamente y abanderar los cambios necesarios haciendo oír su voz, en unión con otros ayuntamientos, como representantes de la ciudadanía propia de cada localidad a la que se supone deben representar.